El CERMI elabora el informe 'Derechos Humanos y Discapacidad', donde vuelve a quedar patente que las personas con discapacidad siguen sufriendo las consecuencias de los prejuicios sociales y tienen trabas en sectores como la Educación.
Dar a conocer las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad con el fin de eliminarlas y poder restituir a este colectivo, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el objetivo del 'Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008' que ha elaborado el Comité Ejecutivo del CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos).
El Informe, escrito por la delegada del CERMI para la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficit en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Un nuevo concepto de discapacidad
El informe también pone de manifiesto la necesidad de reformular el concepto de discapacidad. "Se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos", explican. La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según explica el documento.
Suspenso en participación y accesibilidad
El informe también aborda la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan. En este sentido, el CERMI ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha dejado a este colectivo "al margen de dos órganos fundamentales".
Por su parte, tal y como apunta el informe, la accesibilidad constituye "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad". En 2008, por ejemplo, el CERMI denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.
En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como 'incapaces' a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. Y denuncian que existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitectónicas en las dependencias judiciales.
Acciones positivas
Entre las acciones positivas que se proponen en el informe destacan la propuesta para adaptar los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física o la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.
El texto concluye explicando que "muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales".
